¿Qué idea de justicia?

El surgimiento y extraordinario auge que en los años 90 conocieron los movimientos de solidaridad en general, y las ongs dedicadas a la cooperación y desarrollo en particular, vinieron a recordarnos dos ideas fundamentales, que acaso habíamos dejado caer en el olvido: en primer lugar, que el Estado no tiene el monopolio de la benevolencia, y, en segundo lugar, que la iniciativa privada está en el origen de muchos bienes de trascendencia pública.
A pesar de esto, persisten maneras de entender la justicia que amenazan con resecar las fuentes espontáneas de la solidaridad, porque tácitamente asumen que toda iniciativa privada responde a intereses sectarios, y que solo la titularidad pública garantiza la transparencia y calidad de un servicio.
Si bien no faltan ejemplos de corrupción tanto en el ámbito público como el privado, nadie duda que es competencia del Estado garantizar los derechos de todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de la ley. Nadie duda, tampoco, que el Estado tenga un protagonismo especial en el ejercicio de la justicia distributiva y en facilitar el acceso equitativo a servicios que de ningún modo pueden considerarse bienes de consumo, tales como la educación o la sanidad.
Pero hay maneras de entender la justicia distributiva reductivamente materialistas, que, con su universalismo abstracto, tienden a erosionar los vínculos sociales más locales, forjados en las distancias cortas a lo largo del tiempo; con ello ponen en peligro las raíces mismas de la solidaridad. Pues si la sociedad se construye principalmente desde el pueblo, el ejercicio de la justicia distributiva por parte del Estado debería tener cuidado en no violentar los vínculos familiares y laborales que dotan de consistencia a la vida social. Se violentan los vínculos sociales nacidos en contextos laborales cuando de facto la ley considera el trabajo como una mercancía cualquiera, y al trabajador como simple fuerza laboral. Esto es injusto porque, en realidad, ningún trabajo es sin más un bien de consumo; el trabajador se deja la vida en su trabajo, y su vida no tiene precio. Por eso cualquier trabajo vale más que el salario justo con el que lo retribuimos. La práctica tan común de dar las gracias a quien nos acaba de vender un producto revela que, más allá del precio de coste, hay una persona que realiza un servicio que no se paga con dinero. No todo lo que circula en el mercado es pura y simple mercancía.
Esta es la razón de fondo por la cual las empresas y las instituciones, cuando están guiadas por un sentido humano y no materialista de la justicia, sienten que tienen deudas con sus trabajadores que no se pueden saldar simplemente con dinero, porque obedecen a dimensiones emocionales y morales del trabajo, que se sustraen a lo estrictamente monetario. Tales deudas adquieren una dimensión pública cuando los trabajadores en cuestión contribuyen con su trabajo a crear entornos educativos y sanitarios, de evidente proyección y trascendencia social.
Privar a los centros educativos y sanitarios de la posibilidad de reconocer y agradecer el trabajo de sus empleados del modo que tienen más a su alcance, es impedirles cumplir con el más elemental deber de gratitud y reconocimiento, y con ello debilitar la naturaleza moral de ese vínculo social. La equidad no puede consistir en pasar por alto esta clase de gratitud y de justicia: pretender que nos debemos por igual a los más próximos que a los lejanos supone pasar por alto las solidaridades primarias, de las que nacen las energías para acometer iniciativas solidarias de mayor alcance. Por el contrario, facilitar, mediante los mecanismos legales que sean oportunos, que los trabajadores de un centro sanitario o educativo puedan beneficiarse de la educación o la salud que se imparte o dispensa en ese centro, es permitir que la institución reconozca que el trabajo realizado por su gente es, siempre, algo más que un bien económico compensable con otro bien económico: es un servicio que solo puede ser reconocido con otro servicio, en virtud de una ley no escrita, de la que depende la consistencia y la densidad humana de las instituciones y del tejido social en general.
Si queremos sociedades fuertes y solidarias debemos revisar nuestro concepto de justicia: hay formas simplistas y abstractas de entender la justicia que indirectamente tienden a desincentivar el espíritu de gratuidad con el que las personas, individualmente o asociadas con otras, ponen en marcha iniciativas que redundan en beneficio de todos, sin ir en perjuicio de nadie, y a las que cada pueblo debe su particular fisonomía. De hecho, si el paisaje natural y cultural de un país debe reflejar el carácter y la personalidad de sus gentes, y no convertirse en un territorio gris, a la medida de una planificación burocrática, por bienintencionada que ésta sea, no deberían ponerse trabas a las iniciativas que surgen espontáneamente de la ciudadanía, en especial si tales iniciativas estimulan la solidaridad de la base, redundan en un notorio beneficio social y constituyen un estímulo para el crecimiento general.

Ana Marta González
Profesora de Ética de la Universidad de Navarra
Coordinadora Científica del Instituto Cultura y Sociedad
(Publicado en Diario de Navarra el 25 Enero 2016).

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